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La pandemia debilita aún más el precario marco de derechos de las personas con discapacidad, según el CERMI

FUENTE: CERMI

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), ha presentado el Informe España de Derechos Humanos y Discapacidad correspondiente al año 2020 y ha insistido en la importancia de cumplir con la de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU en España, en un ejercicio en que se ha debilitado hasta el extremo el precario marco de derechos de este grupo de población.

Lo ha hecho este jueves en un encuentro presencial organizado por la agencia de noticias Servimedia, que ha sido moderado por su director general, José Manuel González Huesa, y que ha contado con la participación de la directora ejecutiva del CERMI, Pilar Villarino; la fiscal adscrita a la Fiscal de Sala Coordinadora de los servicios especializados en la protección de las personas con discapacidad y atención a los mayores Avelina Alía Robles; y la directora de Colaboraciones con Entidades Sociales de la Fundación "la Caixa", Joana Prats Montma.

El objetivo del informe, que ha contado con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y con la Fundación La Caixa, es analizar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad en España de acuerdo a las recomendaciones de la Convención de Naciones Unidas en un año marcado por el cuestionamiento de los derechos humanos a raíz de la pandemia de la Covid-19.

En este sentido, se ha puesto de manifiesto cómo este año las denuncias han superado nuevamente a los avances. Durante 2020 se han recogido 406 denuncias frente a 75 avances y 53 propuestas de mejora, un hecho que, para CERMI, evidencia que la Convención “sigue sin alcanzar en toda su extensión la vida de las personas con discapacidad”.

El documento se nutre de hechos reales de discriminación hacia personas con discapacidad y para su elaboración se han tenido en cuenta las consultas recibidas en el propio CERMI, las acciones emprendidas como consecuencia del trabajo genuino de la entidad, las denuncias de personas y entidades colaboradoras, las noticias publicadas en prensa o difundidas en redes sociales que han originado una investigación por parte del CERMI, así como la actividad de los diferentes operadores jurídicos. 

Este estudio trata de conocer cuál ha sido la incidencia de esta crisis sanitaria, económica y social en los mandatos de la Convención y cómo ésta trasciende “la pura emergencia sanitaria” para considerarse también como una “emergencia humanitaria y de derechos a escala nacional e internacional”.

Entre las principales temáticas que se han tratado durante el diálogo, destaca la derogación de las esterilizaciones forzosas, a mujeres y niñas con discapacidad, incapacitadas judicialmente. Se trata de un hito en la agenda derechos humanos del movimiento CERMI, que para el comité “supone un paso decisivo en la aplicación de la Convención y una mejora de país”.

De la misma manera, también se ha destacado la importancia de eximir del copago farmacéutico a todos los menores de 18 años con discapacidad, para reducir las tarifas de acceso a los centros de artes escénicas del Ministerio de Cultura y Deporte o la inclusión de la atención temprana como un derecho universal de la infancia.

También se ha puesto de manifiesto cómo la pandemia ha aflorado, precisamente, el cuestionamiento de los derechos humanos que se ha materializado en situaciones de denegación de atención en Unidades de Cuidados Intensivos o traslados a hospitales por razón de dad o discapacidad.

Según el informe, en 2020 se vuelve a constatar que las personas con discapacidad son discriminadas en España, a través de prácticas enquistadas como las de prohibición de la entrada de perros guías a establecimientos, el veto de algunas aerolíneas para dejar volar a viajeros con discapacidad.

Por otra parte, se ha tratado la educación, uno de los derechos más conculcados, según CERMI, a lo largo de este año. En este sentido, se ha puesto sobre la mesa el caso de Rubén Calleja, un chico con discapacidad al que se le negó estudiar en el colegio ordinario que habían elegido sus padres y tuvo que acudir a un centro de educación especial. El niño, tuvo que pasar más de 7 años recibiendo educación en casa apoyado por sus padres y algunos profesionales, una situación que provocó un elevadísimo coste personal, familiar, social, de salud y económico asociado al “durísimo proceso de defensa del derecho a la educación inclusiva de Rubén”.

Además, la accesibilidad es otro de los temas que denuncia CERMI, más en una situación de pandemia ya que “sigue sin asumirse como elemento esencial en el disfrute de todos los derechos humanos”.

Asimismo, según se desgrana en el informe durante 2020 se ha puesto de manifiesto una “especial y extrema vulnerabilidad en las mujeres con discapacidad residentes en instituciones colectivas, siendo especialmente peligrosas aquellas situaciones en el caso de las mujeres con discapacidad psicosocial en instituciones de salud mental”. En este sentido también se ha hecho referencia al impacto de la violencia contra la mujer, ya que ha habido situaciones de desprotección de millones de mujeres que “se han visto obligadas a convivir con las personas que les maltrataban”.