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CERMI Mujeres denuncia que muchas víctimas con discapacidad se quedan fuera de los servicios especializados en violencia de género por falta de accesibilidad

La vicepresidenta ejecutiva de fundación Cermi Mujeres, Ana Peláez, denunció este lunes en el Senado que el bloque específico de medidas para víctimas con discapacidad del Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado en 2018 “se ha revelado insuficiente y además se incumple de forma sistemática”.

En su comparecencia ante la Comisión Especial de seguimiento y evaluación sobre el cumplimiento de dicho acuerdo, Peláez criticó que, por ejemplo, muchos servicios especializados siguen siendo inaccesibles y que, durante la pandemia, “muchas mujeres víctimas han tenido que seguir conviviendo con sus agresores porque no tenían dónde ir”.

Además, “a las víctimas de violencia de género con discapacidad se les deriva muchas veces a recursos de personas con discapacidad en lugar de a los servicios específicos” para estos fines, prosiguió, por falta de accesibilidad y de formación de los profesionales.

Otro punto que se incumple de forma sistemática es el que tiene que ver con la facilitación de asistentes personales para que las mujeres con discapacidad “puedan asumir el control de sus vidas”, ya que 15 años después de la aprobación de la Ley de la Dependencia, esta figura sigue sin generalizarse.

“Se han dado casos incluso de casas de acogida que no permiten ingresar a mujeres acompañadas” de estas personas, indicó Peláez. Tampoco se admite a las que están incapacitadas judicialmente (unas 60.000) ni a las institucionalizadas, agregó.

Por otro lado, Peláez destacó que la información referida a la prevención, servicios disponibles o herramientas para identificar abusos no se ofrece, “de forma general”, en los distintos formatos (sistema braille, lectura fácil, etc.), que garantizarían “su acceso a todas las mujeres con discapacidad”, y lo mismo sucede en los procesos judiciales.

Sí se ha avanzado en la obligación de proporcionar intérpretes de lengua de signos para que actúen como mediadores en los servicios telefónicos y en los procesos judiciales, pero, “¿Qué pasa con las mujeres sordociegas, las que tienen parálisis cerebral o las que tienen discapacidad intelectual?”, se preguntó Peláez. “¿Se han adoptado medidas para que puedan denunciar? En general, la respuesta es que no”.

Otro punto propuesto en dicho Pacto tenía que ver de hecho con “acciones decididas para impulsar las denuncias entre colectivos especialmente vulnerables”, como mujeres migrantes, mayores o con discapacidad. “De nuevo, en casi ninguna comunidad se ha hecho nada” al respecto, recalcó.

DEMANDAS PARA TODAS

Por ello, Peláez reclamó “”medidas de accesibilidad universal que sirvan para todas, sin discriminar a ninguna mujer”. También exigió garantizar la accesibilidad universal en todos los centros asistenciales; extender la figura del asistente personal; promover protocolos de coordinación” entre todos los agentes implicados, y mejorar la formación de los operadores jurídicos.

“Muchos especialistas en violencia de género no están familiarizados con la discapacidad”, explicó, y de hecho, “las particularidades de estas mujeres no son tenidas en cuenta en las políticas públicas” para luchar contra esta lacra.

Asimismo, Peláez propuso formar sobre violencia de género a los intérpretes de lengua de signos y demás profesionales que trabajan con las personas con discapacidad.

Finalmente, Peláez reclamó la elaboración de una macroencuesta a nivel nacional centrada de forma específica en ese 20% de la población femenina con discapacidad, “acreditada o percibida”, pues “las investigaciones disponibles son muy parciales y suponen solo la punta del iceberg”.

Pidió que dicha investigación incluya “a todas las niñas y mujeres con discapacidad y a sus cuidadoras, y por supuesto a aquellas que han sido incapacitadas y a las que viven en centros institucionalizados”, donde se estima que la violencia es mayor.

La última macroencuesta sobre Violencia de Género del Ministerio de Igualdad publicada en 2020 señalaba que el 20,7% de las mujeres con discapacidad ha sufrido violencia física o sexual por parte de alguna pareja, frente al 13,7% de la población femenina general.

Según una investigación de Cermi Mujeres cuyos resultados se presentarán a finales de año, el impacto de la pandemia ha sido además “mucho más grave” en este grupo. “Se han visto mucho más afectadas por el aislamiento social y por los confinamientos”, declaró Peláez. "Muchas han tenido que convivir con sus agresores (pareja, familiares…) sin posibilidad de acudir a ningún sitio ni de comunicarse”.

En unos momentos en que muchos servicios de salud, de atención psicológica y de información se prestaban online, las mujeres con discapacidad se han visto especialmente privadas de ellos, agregó.

Mención aparte merece el caso de las mujeres que viven en residencias, algunas de las cuales “siguen confinadas y sin poder salir”. En esta línea, Peláez reclamó mayor control externo por parte de las administraciones sobre estos centros, donde la violencia y los abusos sexuales son muy difíciles de detectar.